Por Cristina Rodríguez
En el Centro de noticias de la ONU, organismo encargado de procurar la paz mundial (aunque los cimientos políticos de su construcción hayan generado desde siempre dudas sobre su efectividad), aparece una nota sobre la situación que hoy enfrenta el gobierno de Colombia por su incursión militar en las FARC.
La incursión se hizo el sábado y murió Raúl Reyes, segundo mando de las FARC y 15 miembros más. La nota de la ONU se centra en una intervención del vicepresidente colombiano Francisco Santos Calderón en el segmento de alto nivel de la sesión del Consejo de Derechos Humanos, en la que dijo que la ONU exige a los Estados que “nieguen refugio a quienes financian, planifican o cometen actos de terrorismo y que impidan que estos “utilicen sus territorios respectivos para esos fines, en contra de otros estados o de sus ciudadanos”.
Esta intervención se dio luego de que el general colombiano Oscar Naranjo revelara la existencia de contactos entre el gobierno de Ecuador y las FARC (según Le Monde) y entre el gobierno de Venezuela, Ecuador y Nicaragua con las FARC (según El Universal).
Bogotá y Quito han movilizado tropas hacia la frontera con Colombia, sin embargo el gobierno de Álvaro Uribe declaró que mantendrá la “prudencia” y que no actuará mandando tropas pues las tiene entrenadas para su confrontación interna.
Será urgente ver la intervención de la ONU ante un conflicto que por un lado presenta el incumplimiento a una exigencia del organismo, en el caso de la posible relación entre los gobiernos extranjeros y las guerrillas colombianas; el problema de la incursión militar del gobierno colombiano a las FARC que pone en peligro las negociaciones para la liberación de los rehenes, entre ellos la de Ingrid Betancourt y la fragilidad de la soberanía que, por las amenazas a los derechos humanos individuales, representa un concepto que podría replantearse.
